El Consejo General de Enfermería traslada a la Fiscalía General del Estado el riesgo para madres y bebés atendidas por «doulas» sin formación sanitaria

El Consejo General de Enfermería de España (CGE) ha trasladado formalmente a la Fiscalía General del Estado su profunda preocupación por la proliferación de las llamadas «doulas» y el intrusismo profesional que ejercen en el ámbito competencial propio de las enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología (matronas).

Durante la reunión mantenida con los representantes del Ministerio Fiscal, la delegación colegial expuso detalladamente que estas personas carecen de cualquier tipo de titulación sanitaria oficial, acreditación universitaria o formación homologada dentro del sistema público de salud. A pesar de ello, vienen realizando labores de asesoramiento, seguimiento del embarazo, asistencia al parto y cuidados en el posparto, actividades que corresponden legalmente y en exclusiva a las matronas.

«Las 'doulas' no constituyen ninguna profesión sanitaria reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Su intervención en procesos clínicos tan delicados como el embarazo o el parto supone un grave riesgo de inseguridad clínica para las pacientes y los recién nacidos.» — Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería

Honorarios desorbitados y "doulas de final de la vida"

Desde la Organización Colegial se alertó asimismo sobre el lucrativo negocio que rodea a estas prácticas no reguladas. Se han detectado cobros habituales que oscilan entre los 300 y los 1.200 euros por servicios ofertados al margen de la regulación sanitaria y tributaria aplicable a los profesionales de la salud.

De igual modo, el Consejo General puso en conocimiento de la Fiscalía la aparición de una nueva modalidad aún más preocupante: las denominadas «doulas de final de la vida» o de acompañamiento en el proceso de muerte, figuras que pretenden intervenir sin cualificación médica ni enfermera en cuidados paliativos y etapas críticas del paciente.

Compromisos y acciones conjuntas

Tras la exposición de los hechos y evidencias por parte del Consejo General de Enfermería, la Fiscalía General del Estado coincidió en la necesidad de velar activamente por el derecho a la protección de la salud garantizado por la Constitución.

Ambas instituciones acordaron trabajar en la articulación de medidas de coordinación y en la elaboración conjunta de un decálogo de recomendaciones e información dirigido a profesionales, matronas, pacientes y familias, con el objetivo de prevenir el intrusismo profesional y erradicar situaciones de riesgo en la atención sanitaria.